Los vecinos de Bellavista, como otros barrios llamados «exteriores», habíamos pagado impuestos municipales de contribución urbana desde 1938, fecha de pertenencia al municipio de Sevilla, con carácter recaudatorio. Es decir, que durante más de 30 años, carentes de todos los servicios y sin beneficios de pertenencia al casco urbano, la barriada pagó todos los arbitrios municipales referidos al suelo y edificaciones (lo que hoy llamamos IBI). Por otra parte, toda la acción económica e industrial desarrollada en la barriada también fue gravada con impuestos por su actividad. En 1957, la contribución industrial de Bellavista ascendió a la cantidad de 122.102 pesetas. Esto da una idea de lo que, sin contraprestación alguna, el barrio aportaba a las arcas municipales solo en este concepto.
Desde 1952 se sucedieron los escritos e informes de grupos de vecinos, en especial de la Comisión de 1956-57. Este informe creó alarma en el Ayuntamiento por la información detallada de las necesidades. En Urbanismo generó un seísmo interno ante las evidencias. Por parte municipal se hicieron algunas actuaciones de carácter parcial, pero en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1962 no se recoge actuación alguna en Bellavista. Para los redactores, éramos «invisibles».
Foto realizada por la Comisión de 1956-57. Calle Asensio y Toledo.
Así, se hizo necesario un proyecto de Reforma Interior de Bellavista que no llegó hasta 1966, como anexo al PGOU de 1962. Con este proyecto se formula una actuación integral que comenzaría a partir de los años 1968 al 1973-74: nuevas acometidas de agua, alcantarillado, pavimentación y alumbrado. Se ejecutó en dos fases; la segunda nos consta que se aprobó en el Pleno municipal del 10 de febrero de 1973 por un valor de 12.342.716 pesetas.
Pero el coste de estos proyectos por fases no sería financiado por el Ayuntamiento, sino prorrateado entre los vecinos, pagando por superficie y metros de fachada a la calle. Este coste, que podría suponer entre 22 y 24 millones de pesetas de entonces, se cargó en un impuesto especial que causó un impacto antisocial en el barrio. Las economías obreras no eran lo suficientemente solventes para hacer frente a este impuesto, máxime por el carácter unifamiliar de las viviendas: no era lo mismo afrontar individualmente el pago que dividirlo entre vecinos de un bloque de pisos. Se dio el caso de notas de embargo por no poder pagar la «contribución especial».
Esta reivindicación comenzó directamente por los vecinos afectados con una comisión que reunió 764 firmas con motivo de la visita del Ministro de la Vivienda a Sevilla, y otra demanda posterior con 684 firmas que pedía la reducción o anulación de estas tasas. A partir de octubre de 1970, una vez constituida la Junta Colaboradora Municipal, este fue uno de los trabajos más plausibles de esta entidad colaboradora del Ayuntamiento. Lograron parar el escarnio: dulcificando los pagos, aumentando los plazos, anulando en muchos casos el cobro e incluso ganando una batalla legal contra esta recaudación abusiva.
J. Nieto. Centenario de Bellavista 1925-2025
